De esta manera, se complica la posibilidad de tratar la demanda en Argentina y alejar la amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del grupo español Petersen.
La demanda fue iniciada por las firmas que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
La defensa argentina sostiene que fue una decisión soberana y no debía seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional de mercado.
Por la estatización, el gobierno de Cristina Fernández terminó por compensar a Repsol con unos cinco mil millones de dólares, mientras que las firmas de Ezkenazi terminaron por ser vendidas ante la imposibilidad de cubrir las deudas.
