La intención es penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública. La votación fue unánime, de manera positiva.
El proyecto presentado por el oficialismo nacional fue modificado en algunos artículos, y recibió el apoyo de todas las fuerzas presentes en la Cámara Alta.
Entre los cambios efectuados en el proyecto se eliminó la figura de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de personas jurídicas.
Ahora deberá ser tratado por Diputados.
