Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo pidieron hoy a la Cámara Federal porteña que dicte la prisión preventiva para el CEO de Techint Paolo Rocca y el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina. Los funcionarios apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio, quien los procesó en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, pero los dejó en libertad. La solicitud también alcanza al ex secretario de Abal Medina, Martín Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoán, de Vicentín, y Rubén Aranda, de Proalsa-Chimen Aike. Según los fiscales, Bonadio no presentó fundamentos para no dictar la prisión preventiva de todos ellos, mientras que sí lo hizo para otros imputados sobre los que pesa la misma imputación.
Para los fiscales, los imputados “convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos” con “las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público”. Evaluaron que “se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada”, entendieron en el escrito de apelación ante la Cámara Federal.
Ahora, la Sala I de la Cámara Federal deberá resolver el pedido de los funcionarios, como así también el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner.
