Así lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal y ratificó el embargo por 10 mil millones de pesos.
El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa de Fernández.
La ex presidenta fue procesada por administración fraudulenta y asociación ilícita.
En la causa se investigan irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
